Los enemigos de
la Libertad
Ezequiel Eiben
Agosto 2013
Introducción
A lo largo de la historia, las heroicas luchas del hombre han exhibido en su propósito un denominador común: la obtención y/o conservación de la Libertad. Metafóricamente, podemos situar a la Libertad en la cima de una montaña. Si bien es un derecho que le corresponde por naturaleza y un valor por demás deseable, no le ha sido fácil al hombre el intento por llegar a lo más alto. Y esto es porque el camino empinado ha revelado obstáculos difíciles de sortear: la Libertad siempre tuvo sus detractores y oponentes. Una clasificación bipartita nos muestra que hay dos potenciales violadores de los derechos y la Libertad: los criminales ordinarios y el gobierno. En el presente ensayo, nos dedicaremos a tratar el tema exclusivamente respecto del segundo. Según Sun Tzu, debemos conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos en orden a ser exitosos en la guerra[1]. De este modo, siguiendo la máxima “Conoce a tu enemigo” como premisa fundamental en un enfrentamiento, vamos a explorar quiénes son los enemigos de la Libertad. Luego, explicaremos una propuesta para superar los escollos y defender tan preciado valor.
La función de los políticos: de mandatarios a mandantes
Los políticos son, o buscan ser, funcionarios de las instituciones públicas estatales. Forman parte activa del Estado y de la institución conocida como gobierno. De acuerdo a las teorías con más recepción en el ámbito académico, los políticos reciben su poder del pueblo que los elige para ocupar determinados cargos. Se supone que, al habérseles encomendado una tarea gubernamental, deben actuar como mandatarios de la ciudadanía. ¿Pero esto se da así en la realidad? Lo que se observa concretamente es que muchos desvían poder (persiguen fines distintos a los específicos de su puesto), se extralimitan en sus facultades (traspasando barreras y otorgándose potestades incorrectas), dan órdenes en vez de recibirlas (acentuando los dos vicios anteriormente señalados), y defienden intereses meramente sectarios y partidarios (apoyando de manera automática cualquier propuesta que surja en el seno de su partido por más que sea impropia) en vez de representar a la ciudadanía en general como corresponde. Se ha operado una brusca transformación del concepto, que lo ha hecho convertirse en su opuesto: el político actúa como mandante de la ciudadanía. Siente que el poder le corresponde de modo originario por derecho propio, y no por una delegación de los verdaderos titulares del mismo que son los ciudadanos. Y como es de esperar cuando alguien está en semejante situación de superioridad y no tiene escrúpulos, actúa en consecuencia: impone sus propios valores morales, prolifera el aparato burocrático de control sobre la vida de la gente, y fija sus metas personales o partidarias en la agenda de todos. Hay tres razones por las que esto sucede: 1) La actitud del político de cara a los incentivos del sistema: los Estados ubican de iure o de facto a los funcionarios públicos (por lo menos) un escalón por encima del resto de la gente, gozando estos de privilegios (por ejemplo, un salario inembargable); inmunidades (políticas y diplomáticas); y en los casos de sistemas corruptos, vías de escape para garantizar impunidad frente a ilícitos (protección corporativa del gobierno con complicidad de los que pertenecen al mismo ambiente). Además, la responsabilidad de los funcionarios públicos por ilícitos civiles, delitos penales y demás faltas, queda diluida en un mar burocrático de instancias estériles, embravecido adrede por la propia administración que no quiere ser controlada. La atribución de responsabilidad tampoco es efectiva en el manejo de las empresas estatales, deficientes por definición: los funcionarios no se hacen cargo de las pérdidas, no hay amenaza de quiebra o afectación al patrimonio personal (en el sentido económico del término) ni reprimenda personal por los desaciertos. Como las pérdidas son soportadas por los bolsillos de los pagadores de impuestos, no hay incentivo económico concreto al desempeño idóneo del rol del funcionario, y el despilfarro es la regla. Entonces, no sorprende la actitud del político de servirse de la ocasión para experimentar imprudentemente y actuar con negligencia bajo el manto protector de la impunidad o la carga impuesta a otros. 2) La actitud de la ciudadanía ante la situación: el ciudadano debería asumir su papel de mandante y controlar al político. Sin embargo, la dejadez, pasividad y negligencia son moneda corriente en amplias capas de la población. Los orígenes de esto pueden rastrearse en varios motivos. La educación pública estatal y la imposición de contenidos obligatorios por parte de los ministerios correspondientes a la educación pública privada, se dirigen a formatear la cabeza de los ciudadanos desde pequeños, adoctrinándolos en su visión del mundo y creando personas leales al Estado con consignas como el nacionalismo y el bien común, además de implantar el gobierno una auto justificación de sus funciones, incluso de las que vulneran la intimidad de la gente. Así, las personas crecen con la idea de que no hay opción alternativa al Estado, y que los poderes del gobierno se justifican en la voluntad de sus circunstanciales electores, o en su capacidad superior de discernir lo que es apropiado para el difuso concepto del “bienestar general”[2]. Por otra parte, hay países en donde la corrupción política es tan grande y el carácter corporativo del sector político hace tan infranqueable la posibilidad de Justicia, que el desánimo termina por vencer en las mentes ciudadanas reducidas a la impotencia que sufren lo que no pueden cambiar. Esto se suma al hecho de que el monopolio sobre la Justicia mantenido por el Estado provoca, llegado el caso, que este tenga que enjuiciarse a sí mismo o a sus propios funcionarios, manejándose todo dentro de la misma entidad. Y encima, en la mayoría de las ocasiones los ciudadanos particulares no pueden y/o no saben hacer frente a una burocracia diseñada para cuidarse a sí misma, lo que termina generando desconcierto e impresión de problema insoluble. 3) Un vicio congénito del sistema en sí: los problemas se producen y persistirán mientras se mantengan los principios básicos del sistema estatal. La falla es intrínseca, no una cuestión de mera contingencia: si los monopolios artificiales son malos y deficientes por definición, no se puede pretender que la creación de un monopolio artificial de nombre Estado sea bueno y eficiente. Y si a los políticos se les otorga un conjunto de herramientas para subordinar a la población, y hay todo un aparato de educación y propaganda dispuesto a justificar cualquier desmán; por más que exista la creencia de que ejercen un poder delegado por su titular (el pueblo), no debe sorprender que la praxis política termine en lo que termina.
En fin, con ciudadanos impregnados en su cotidianeidad por la peor escoria ideológica de nuestro tiempo (el estatismo), bombardeada por el aparato oficial; y siendo sometidos a continuas fases de desarme e impotencia frente al avance de los funcionarios públicos en sus roles; la política estatista se impone a la Libertad. El proceso de robustecimiento del Estado y de ensanchamiento del campo político provoca que la Libertad se vaya perdiendo progresivamente. Se enquista un curso vicioso: el Estado establece controles, para lo cual dicta leyes y crea instituciones; luego debe controlar a lo que instauró como controles; los resultados son nefastos, por lo que abre comisiones de investigación y vuelve a intervenir nuevamente para corregir lo que controlaba y ahora controlarlo con mayor ahínco; y así los controles se van reproduciendo. Al amparo del sistema estatista, el político no “tergiversa” sus funciones cuando va asumiendo más potestades y regulando vida y fortunas ajenas; sino que actúa con el poder que el propio sistema (erróneamente desde el punto de vista moral y natural) le confiere, de manera directa o indirecta, intencional o no intencional. Cabe citar aquí el célebre dictum de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”[3].
Vocación de los políticos
Es común escuchar en boca de los políticos que ellos se dedican a la función pública porque tienen “vocación de servicio”. En verdad, debido a la estructuración del sistema estatal que catapulta a la clase política[4] por encima de los ciudadanos, y permite y alienta a esta a expandir su campo de acción, lo que se evidencia es una verdadera vocación de dominación. La realización del “bien común” es un eufemismo que oculta o suaviza para el público programas políticos que persiguen intereses sectoriales. Desde que no existe algo que pueda ser catalogado como “bien común” por una autoridad superior (ya que los individuos tienen múltiples intereses y metas que no pueden ser conocidos en su totalidad por el gobernante), obviamente no puede perseguirse. Y como un acto basado en el poder político se sustenta en el uso de la fuerza (en la puesta en marcha de los mecanismos de coerción estatal para asegurar el cumplimiento y obediencia), aquellos que son coaccionados no pueden por lógica integrar lo que se denomine “bien común”, puesto que no están recibiendo un bien sino sufriendo una imposición ajena a su voluntad. Si hay un concepto que es utilizado por los gobiernos para uniformar por la fuerza gustos, ambiciones y planes de vida de la gente; y para arrogarse la potestad paternalista de determinar lo que sirve o debe ser desechado para la totalidad de la ciudadanía; es el concepto de “bien común”. Un concepto así ubicado en el engranaje de acción de un aparato burocrático gubernamental, no puede ser otra cosa que tiránico y represor del bien individual buscado en Libertad.
La relación del eje Estado-gobierno-políticos con la población
La relación que se construye entre Estado, gobierno y políticos por un lado, y el resto de la población por el otro, es una relación vertical de poder a favor de los primeros. El Estado es una entidad abstracta que domina un cierto territorio, el gobierno es la institución que allí ejerce el monopolio del uso de la fuerza y de las decisiones de última ratio, y los políticos y funcionarios en ejercicio de cargos públicos son los responsables de dirigir y hacer funcionar el aparato gubernamental. La población son las personas que viven dentro de los límites territoriales donde el gobierno tiene jurisdicción y a quienes se les imponen las decisiones políticas y judiciales[5]. El poder del eje Estado-gobierno-políticos se manifiesta en la imposición de subordinación sobre los ciudadanos y en la exigencia de obediencia. El verticalismo alude a que las órdenes y directrices van de arriba hacia abajo con respaldo y fundamento último en las armas del Estado. En este contexto, la Libertad y la Justicia, valores cardinales de un proyecto de sociedad que pretenda ser plenamente exitoso, son atacados desde tres frentes: A) No existe genuina igualdad ante la ley: el ordenamiento jurídico emplea una discriminación legal tomando como parámetro el siguiente status de las personas: si tienen o no un puesto en el Estado. Esto es avalado por una ética incorrecta, permisiva con funcionarios privilegiados para la ejecución de actos de violencia en detrimento de otros. Por lo tanto, si un particular toma por la fuerza algo que no le pertenece, la ley calificará al acto como robo, pero si lo mismo es efectuado por agentes del gobierno, la ley lo llamará impuesto[6]. B) Limitaciones y prohibiciones a la iniciativa individual: regulaciones y controles siembran obstáculos a la libre acción. Esto es particularmente palpable en tres aspectos: autodefensa (no se pueden crear ejércitos privados, y el gobierno prohíbe portación de armas o monopoliza el sistema de licencias); Justicia (el Estado tiene el monopolio de los tribunales de Justicia e impide el desarrollo de un sistema competitivo de cortes privadas); y economía (el mercado es intervenido por medidas burocráticas que se excusan en eufemismos como “defensa de la competencia”, y los contratos comerciales se firman bajo supervisión y moldeo oficial[7]). No es casualidad que regulaciones recaigan sobre estos ámbitos: el Estado quiere el título de defensor del ciudadano porque lo ayuda a justificar el desarme de estos y la monopolización de las armas, lo cual disminuye las posibilidades de que rebeliones populares desafíen su autoridad. También pretende ser el administrador de Justicia, y mediante un Tribunal Supremo en última instancia se asegura tener la última palabra en la resolución de controversias. Y además quiere vigilar e intervenir la economía, porque de allí extraerá fondos para financiar sus actividades y mantener a los funcionarios. C) Imposición de la jurisdicción: el Estado acentúa su dominación utilizando su poder para fijar leyes de cumplimiento obligatorio. Sumado a esto, dificulta o impide la libre circulación de personas en cuanto a entrada y salida del país, lo que puede traducirse en una situación fáctica de secuestro de ciudadanos en un territorio dado o bloqueo al tránsito voluntario[8]. Pero los políticos no ven desde su ventana un panorama tan complicado: ellos tienen garantizados por los “tributos” de los “contribuyentes” viajes a otros destinos como representantes de sus países en pomposos encuentros de organismos internacionales.
Propuesta para lograr y defender la Libertad
Se requieren cuatro elementos esenciales para implementar una propuesta liberal alternativa al modelo estatal: 1) Valientes dispuestos al cambio: las ideas tienen un poder de influencia y movilización extraordinario, y aquí se requieren tanto intelectuales que generen y difundan ideas de Libertad como actores decididos a practicarlas. La gente tiene que recepcionar, hacer suyo el mensaje libertario; y actuar convencida en consecuencia. Hay que ejercer y defender los propios derechos, y no esperar que otros (sobre todo políticos) lo hagan por nosotros. Parafraseando a Yaron Brook: “Quien no está dispuesto a luchar por su Libertad, no la merece”. 2) Guardianes de la conquista: un proyecto libertario no puede mantenerse, una vez logrado el objetivo, si tras intensos esfuerzos se cae nuevamente en la pasividad y se le regala terreno al mal esclavista para que vuelva a surgir y parasite esfuerzos de la gente honesta y productiva. En palabras de Leonard Peikoff: “El poder del bien es enorme, pero depende de su consistencia”[9]. Vale decir, la condición de perdurabilidad del bien (en este caso, la sociedad en Libertad), es solidificar y hacer durar sus bases, cuidar la conquista obtenida. Resulta menester recordar a Thomas Jefferson: “El precio de la libertad es la eterna vigilancia”[10]. 3) Modificación conceptual: se deben dejar de lado conceptualizaciones que en el marco actual de estatismo pecan de ingenuas (como “políticos con vocación de servicio”), y que en el contexto general de la existencia de los Estados resultan inaplicables (como el supuesto “contrato social” al cual aparentemente todos adherimos de manera implícita legitimando así la existencia del monopolio legal de la violencia). En primer lugar, los políticos son los protagonistas del crecimiento monstruoso del Estado y los responsables de su presencia interfiriendo en la vida privada de la gente. En segundo lugar, es una falsedad el “contrato” como idea de legitimación del Estado (¿alguien en nuestros días recuerda haberlo firmado? ¿O todos hemos actuado de modo que se presuponga nuestra aceptación?). Además, constituye una falacia petitio principii asumir que todos los que nacimos bajo dominio estatal prestamos nuestro consentimiento a su forma de dominación y a la institución de gobierno implantada. 4) Liberalizar la sociedad: el Estado debe ser abolido por injusto. Es insostenible la idea de querer compatibilizar en su totalidad la Libertad con semejante monopolio artificial que subyuga a la población dando por sentado que se aprueba su existencia y se debe obediencia a sus decisiones. Los individuos deben ser libres para asociarse con fines de protección y resolución pacífica de controversias, sin que se los subordine a los dictados de un voluminoso aparato estatal. De esta forma, en un contexto de anarquía liberal, se posibilita que todas las relaciones humanas sean voluntarias y para mutuo beneficio. Es decir, hay un grado máximo de Libertad (si se pudiera medirla políticamente) para que cada persona desarrolle su proyecto de vida, sin actos de fuerza estatales que estropeen sus ambiciones o decisiones coactivamente impuestas que maniaten su espíritu de prosperidad. Hay que sustituir la institución “gobierno” por una que no tenga connotaciones estatistas y no implique ejercer un indebido poder sobre la vida de un hombre: será mejor hablar de “administración”. Esta institución, despojada del carácter tiránico de los gobiernos, puede constituirse o no según quieran los interesados y quienes sean involucrados en sus determinaciones. Así, se opera un giro de 180 grados en la organización política: pasar de la sumisión en un marco “público estatal” a la aceptación en un marco privado; del dominio y la imposición a la voluntad y el consentimiento.
Conclusión
El contexto idóneo para la Libertad es la anarquía liberal donde las sociedades son plenamente consentidas y hay adhesión voluntaria a instituciones privadas. La Libertad conlleva ausencia de coerción para que el individuo pueda elegir y desenvolverse. Si queremos ser libres, luchemos contra los que quieren presencia de coerción: Estado, gobierno y políticos estatistas; el eje que prolifera el poder de dominación. Luchemos contra los enemigos de la Libertad.
Ezequiel Eiben
Agosto 2013
Breve explicación
sobre la obra
Mi ensayo “Los enemigos de la Libertad” se refiere, como su título indica, a
quiénes son los detractores y opositores de la Libertad en cuanto valor
deseable y derecho natural del hombre.
Los enemigos de la Libertad están identificados en el eje Estado-gobierno-políticos estatistas. El texto explica cómo por medio de sus monopolios artificiales de la fuerza y de las decisiones de última ratio, regulaciones y prohibiciones, expansión del aparato burocrático sobre la vida privada de los ciudadanos, y el ejercicio de un poder verticalista a través del cual dan órdenes e imponen sus metas en las agendas de todos, restringen la libertad individual y bloquean las posibilidades de desarrollo humano.
Tras el pertinente análisis acerca de la dominación del eje sobre los individuos, formulo una propuesta para lograr y defender la Libertad. Establezco y desarrollo 4 elementos que considero de esencial presencia para conseguir una sociedad libre: valientes dispuestos al cambio de cara a lo nuevo, guardianes que protejan la conquista de la Libertad una vez lograda, modificaciones conceptuales necesarias para no repetir eufemismos y conceptos dañinos e inaplicables, y la liberalización de la sociedad que conlleva la abolición del Estado y la organización de los hombres en torno a relaciones plenamente voluntarias.
En la conclusión, postulo a la anarquía liberal como el contexto idóneo para vivir libremente; y llamo a la lucha en contra del eje Estado-gobierno-políticos estatistas que, como expreso, representa a los enemigos de la Libertad
Los enemigos de la Libertad están identificados en el eje Estado-gobierno-políticos estatistas. El texto explica cómo por medio de sus monopolios artificiales de la fuerza y de las decisiones de última ratio, regulaciones y prohibiciones, expansión del aparato burocrático sobre la vida privada de los ciudadanos, y el ejercicio de un poder verticalista a través del cual dan órdenes e imponen sus metas en las agendas de todos, restringen la libertad individual y bloquean las posibilidades de desarrollo humano.
Tras el pertinente análisis acerca de la dominación del eje sobre los individuos, formulo una propuesta para lograr y defender la Libertad. Establezco y desarrollo 4 elementos que considero de esencial presencia para conseguir una sociedad libre: valientes dispuestos al cambio de cara a lo nuevo, guardianes que protejan la conquista de la Libertad una vez lograda, modificaciones conceptuales necesarias para no repetir eufemismos y conceptos dañinos e inaplicables, y la liberalización de la sociedad que conlleva la abolición del Estado y la organización de los hombres en torno a relaciones plenamente voluntarias.
En la conclusión, postulo a la anarquía liberal como el contexto idóneo para vivir libremente; y llamo a la lucha en contra del eje Estado-gobierno-políticos estatistas que, como expreso, representa a los enemigos de la Libertad
Introducción
A lo largo de la historia, las heroicas luchas del hombre han exhibido en su propósito un denominador común: la obtención y/o conservación de la Libertad. Metafóricamente, podemos situar a la Libertad en la cima de una montaña. Si bien es un derecho que le corresponde por naturaleza y un valor por demás deseable, no le ha sido fácil al hombre el intento por llegar a lo más alto. Y esto es porque el camino empinado ha revelado obstáculos difíciles de sortear: la Libertad siempre tuvo sus detractores y oponentes. Una clasificación bipartita nos muestra que hay dos potenciales violadores de los derechos y la Libertad: los criminales ordinarios y el gobierno. En el presente ensayo, nos dedicaremos a tratar el tema exclusivamente respecto del segundo. Según Sun Tzu, debemos conocer al enemigo y conocernos a nosotros mismos en orden a ser exitosos en la guerra[1]. De este modo, siguiendo la máxima “Conoce a tu enemigo” como premisa fundamental en un enfrentamiento, vamos a explorar quiénes son los enemigos de la Libertad. Luego, explicaremos una propuesta para superar los escollos y defender tan preciado valor.
La función de los políticos: de mandatarios a mandantes
Los políticos son, o buscan ser, funcionarios de las instituciones públicas estatales. Forman parte activa del Estado y de la institución conocida como gobierno. De acuerdo a las teorías con más recepción en el ámbito académico, los políticos reciben su poder del pueblo que los elige para ocupar determinados cargos. Se supone que, al habérseles encomendado una tarea gubernamental, deben actuar como mandatarios de la ciudadanía. ¿Pero esto se da así en la realidad? Lo que se observa concretamente es que muchos desvían poder (persiguen fines distintos a los específicos de su puesto), se extralimitan en sus facultades (traspasando barreras y otorgándose potestades incorrectas), dan órdenes en vez de recibirlas (acentuando los dos vicios anteriormente señalados), y defienden intereses meramente sectarios y partidarios (apoyando de manera automática cualquier propuesta que surja en el seno de su partido por más que sea impropia) en vez de representar a la ciudadanía en general como corresponde. Se ha operado una brusca transformación del concepto, que lo ha hecho convertirse en su opuesto: el político actúa como mandante de la ciudadanía. Siente que el poder le corresponde de modo originario por derecho propio, y no por una delegación de los verdaderos titulares del mismo que son los ciudadanos. Y como es de esperar cuando alguien está en semejante situación de superioridad y no tiene escrúpulos, actúa en consecuencia: impone sus propios valores morales, prolifera el aparato burocrático de control sobre la vida de la gente, y fija sus metas personales o partidarias en la agenda de todos. Hay tres razones por las que esto sucede: 1) La actitud del político de cara a los incentivos del sistema: los Estados ubican de iure o de facto a los funcionarios públicos (por lo menos) un escalón por encima del resto de la gente, gozando estos de privilegios (por ejemplo, un salario inembargable); inmunidades (políticas y diplomáticas); y en los casos de sistemas corruptos, vías de escape para garantizar impunidad frente a ilícitos (protección corporativa del gobierno con complicidad de los que pertenecen al mismo ambiente). Además, la responsabilidad de los funcionarios públicos por ilícitos civiles, delitos penales y demás faltas, queda diluida en un mar burocrático de instancias estériles, embravecido adrede por la propia administración que no quiere ser controlada. La atribución de responsabilidad tampoco es efectiva en el manejo de las empresas estatales, deficientes por definición: los funcionarios no se hacen cargo de las pérdidas, no hay amenaza de quiebra o afectación al patrimonio personal (en el sentido económico del término) ni reprimenda personal por los desaciertos. Como las pérdidas son soportadas por los bolsillos de los pagadores de impuestos, no hay incentivo económico concreto al desempeño idóneo del rol del funcionario, y el despilfarro es la regla. Entonces, no sorprende la actitud del político de servirse de la ocasión para experimentar imprudentemente y actuar con negligencia bajo el manto protector de la impunidad o la carga impuesta a otros. 2) La actitud de la ciudadanía ante la situación: el ciudadano debería asumir su papel de mandante y controlar al político. Sin embargo, la dejadez, pasividad y negligencia son moneda corriente en amplias capas de la población. Los orígenes de esto pueden rastrearse en varios motivos. La educación pública estatal y la imposición de contenidos obligatorios por parte de los ministerios correspondientes a la educación pública privada, se dirigen a formatear la cabeza de los ciudadanos desde pequeños, adoctrinándolos en su visión del mundo y creando personas leales al Estado con consignas como el nacionalismo y el bien común, además de implantar el gobierno una auto justificación de sus funciones, incluso de las que vulneran la intimidad de la gente. Así, las personas crecen con la idea de que no hay opción alternativa al Estado, y que los poderes del gobierno se justifican en la voluntad de sus circunstanciales electores, o en su capacidad superior de discernir lo que es apropiado para el difuso concepto del “bienestar general”[2]. Por otra parte, hay países en donde la corrupción política es tan grande y el carácter corporativo del sector político hace tan infranqueable la posibilidad de Justicia, que el desánimo termina por vencer en las mentes ciudadanas reducidas a la impotencia que sufren lo que no pueden cambiar. Esto se suma al hecho de que el monopolio sobre la Justicia mantenido por el Estado provoca, llegado el caso, que este tenga que enjuiciarse a sí mismo o a sus propios funcionarios, manejándose todo dentro de la misma entidad. Y encima, en la mayoría de las ocasiones los ciudadanos particulares no pueden y/o no saben hacer frente a una burocracia diseñada para cuidarse a sí misma, lo que termina generando desconcierto e impresión de problema insoluble. 3) Un vicio congénito del sistema en sí: los problemas se producen y persistirán mientras se mantengan los principios básicos del sistema estatal. La falla es intrínseca, no una cuestión de mera contingencia: si los monopolios artificiales son malos y deficientes por definición, no se puede pretender que la creación de un monopolio artificial de nombre Estado sea bueno y eficiente. Y si a los políticos se les otorga un conjunto de herramientas para subordinar a la población, y hay todo un aparato de educación y propaganda dispuesto a justificar cualquier desmán; por más que exista la creencia de que ejercen un poder delegado por su titular (el pueblo), no debe sorprender que la praxis política termine en lo que termina.
En fin, con ciudadanos impregnados en su cotidianeidad por la peor escoria ideológica de nuestro tiempo (el estatismo), bombardeada por el aparato oficial; y siendo sometidos a continuas fases de desarme e impotencia frente al avance de los funcionarios públicos en sus roles; la política estatista se impone a la Libertad. El proceso de robustecimiento del Estado y de ensanchamiento del campo político provoca que la Libertad se vaya perdiendo progresivamente. Se enquista un curso vicioso: el Estado establece controles, para lo cual dicta leyes y crea instituciones; luego debe controlar a lo que instauró como controles; los resultados son nefastos, por lo que abre comisiones de investigación y vuelve a intervenir nuevamente para corregir lo que controlaba y ahora controlarlo con mayor ahínco; y así los controles se van reproduciendo. Al amparo del sistema estatista, el político no “tergiversa” sus funciones cuando va asumiendo más potestades y regulando vida y fortunas ajenas; sino que actúa con el poder que el propio sistema (erróneamente desde el punto de vista moral y natural) le confiere, de manera directa o indirecta, intencional o no intencional. Cabe citar aquí el célebre dictum de Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”[3].
Vocación de los políticos
Es común escuchar en boca de los políticos que ellos se dedican a la función pública porque tienen “vocación de servicio”. En verdad, debido a la estructuración del sistema estatal que catapulta a la clase política[4] por encima de los ciudadanos, y permite y alienta a esta a expandir su campo de acción, lo que se evidencia es una verdadera vocación de dominación. La realización del “bien común” es un eufemismo que oculta o suaviza para el público programas políticos que persiguen intereses sectoriales. Desde que no existe algo que pueda ser catalogado como “bien común” por una autoridad superior (ya que los individuos tienen múltiples intereses y metas que no pueden ser conocidos en su totalidad por el gobernante), obviamente no puede perseguirse. Y como un acto basado en el poder político se sustenta en el uso de la fuerza (en la puesta en marcha de los mecanismos de coerción estatal para asegurar el cumplimiento y obediencia), aquellos que son coaccionados no pueden por lógica integrar lo que se denomine “bien común”, puesto que no están recibiendo un bien sino sufriendo una imposición ajena a su voluntad. Si hay un concepto que es utilizado por los gobiernos para uniformar por la fuerza gustos, ambiciones y planes de vida de la gente; y para arrogarse la potestad paternalista de determinar lo que sirve o debe ser desechado para la totalidad de la ciudadanía; es el concepto de “bien común”. Un concepto así ubicado en el engranaje de acción de un aparato burocrático gubernamental, no puede ser otra cosa que tiránico y represor del bien individual buscado en Libertad.
La relación del eje Estado-gobierno-políticos con la población
La relación que se construye entre Estado, gobierno y políticos por un lado, y el resto de la población por el otro, es una relación vertical de poder a favor de los primeros. El Estado es una entidad abstracta que domina un cierto territorio, el gobierno es la institución que allí ejerce el monopolio del uso de la fuerza y de las decisiones de última ratio, y los políticos y funcionarios en ejercicio de cargos públicos son los responsables de dirigir y hacer funcionar el aparato gubernamental. La población son las personas que viven dentro de los límites territoriales donde el gobierno tiene jurisdicción y a quienes se les imponen las decisiones políticas y judiciales[5]. El poder del eje Estado-gobierno-políticos se manifiesta en la imposición de subordinación sobre los ciudadanos y en la exigencia de obediencia. El verticalismo alude a que las órdenes y directrices van de arriba hacia abajo con respaldo y fundamento último en las armas del Estado. En este contexto, la Libertad y la Justicia, valores cardinales de un proyecto de sociedad que pretenda ser plenamente exitoso, son atacados desde tres frentes: A) No existe genuina igualdad ante la ley: el ordenamiento jurídico emplea una discriminación legal tomando como parámetro el siguiente status de las personas: si tienen o no un puesto en el Estado. Esto es avalado por una ética incorrecta, permisiva con funcionarios privilegiados para la ejecución de actos de violencia en detrimento de otros. Por lo tanto, si un particular toma por la fuerza algo que no le pertenece, la ley calificará al acto como robo, pero si lo mismo es efectuado por agentes del gobierno, la ley lo llamará impuesto[6]. B) Limitaciones y prohibiciones a la iniciativa individual: regulaciones y controles siembran obstáculos a la libre acción. Esto es particularmente palpable en tres aspectos: autodefensa (no se pueden crear ejércitos privados, y el gobierno prohíbe portación de armas o monopoliza el sistema de licencias); Justicia (el Estado tiene el monopolio de los tribunales de Justicia e impide el desarrollo de un sistema competitivo de cortes privadas); y economía (el mercado es intervenido por medidas burocráticas que se excusan en eufemismos como “defensa de la competencia”, y los contratos comerciales se firman bajo supervisión y moldeo oficial[7]). No es casualidad que regulaciones recaigan sobre estos ámbitos: el Estado quiere el título de defensor del ciudadano porque lo ayuda a justificar el desarme de estos y la monopolización de las armas, lo cual disminuye las posibilidades de que rebeliones populares desafíen su autoridad. También pretende ser el administrador de Justicia, y mediante un Tribunal Supremo en última instancia se asegura tener la última palabra en la resolución de controversias. Y además quiere vigilar e intervenir la economía, porque de allí extraerá fondos para financiar sus actividades y mantener a los funcionarios. C) Imposición de la jurisdicción: el Estado acentúa su dominación utilizando su poder para fijar leyes de cumplimiento obligatorio. Sumado a esto, dificulta o impide la libre circulación de personas en cuanto a entrada y salida del país, lo que puede traducirse en una situación fáctica de secuestro de ciudadanos en un territorio dado o bloqueo al tránsito voluntario[8]. Pero los políticos no ven desde su ventana un panorama tan complicado: ellos tienen garantizados por los “tributos” de los “contribuyentes” viajes a otros destinos como representantes de sus países en pomposos encuentros de organismos internacionales.
Propuesta para lograr y defender la Libertad
Se requieren cuatro elementos esenciales para implementar una propuesta liberal alternativa al modelo estatal: 1) Valientes dispuestos al cambio: las ideas tienen un poder de influencia y movilización extraordinario, y aquí se requieren tanto intelectuales que generen y difundan ideas de Libertad como actores decididos a practicarlas. La gente tiene que recepcionar, hacer suyo el mensaje libertario; y actuar convencida en consecuencia. Hay que ejercer y defender los propios derechos, y no esperar que otros (sobre todo políticos) lo hagan por nosotros. Parafraseando a Yaron Brook: “Quien no está dispuesto a luchar por su Libertad, no la merece”. 2) Guardianes de la conquista: un proyecto libertario no puede mantenerse, una vez logrado el objetivo, si tras intensos esfuerzos se cae nuevamente en la pasividad y se le regala terreno al mal esclavista para que vuelva a surgir y parasite esfuerzos de la gente honesta y productiva. En palabras de Leonard Peikoff: “El poder del bien es enorme, pero depende de su consistencia”[9]. Vale decir, la condición de perdurabilidad del bien (en este caso, la sociedad en Libertad), es solidificar y hacer durar sus bases, cuidar la conquista obtenida. Resulta menester recordar a Thomas Jefferson: “El precio de la libertad es la eterna vigilancia”[10]. 3) Modificación conceptual: se deben dejar de lado conceptualizaciones que en el marco actual de estatismo pecan de ingenuas (como “políticos con vocación de servicio”), y que en el contexto general de la existencia de los Estados resultan inaplicables (como el supuesto “contrato social” al cual aparentemente todos adherimos de manera implícita legitimando así la existencia del monopolio legal de la violencia). En primer lugar, los políticos son los protagonistas del crecimiento monstruoso del Estado y los responsables de su presencia interfiriendo en la vida privada de la gente. En segundo lugar, es una falsedad el “contrato” como idea de legitimación del Estado (¿alguien en nuestros días recuerda haberlo firmado? ¿O todos hemos actuado de modo que se presuponga nuestra aceptación?). Además, constituye una falacia petitio principii asumir que todos los que nacimos bajo dominio estatal prestamos nuestro consentimiento a su forma de dominación y a la institución de gobierno implantada. 4) Liberalizar la sociedad: el Estado debe ser abolido por injusto. Es insostenible la idea de querer compatibilizar en su totalidad la Libertad con semejante monopolio artificial que subyuga a la población dando por sentado que se aprueba su existencia y se debe obediencia a sus decisiones. Los individuos deben ser libres para asociarse con fines de protección y resolución pacífica de controversias, sin que se los subordine a los dictados de un voluminoso aparato estatal. De esta forma, en un contexto de anarquía liberal, se posibilita que todas las relaciones humanas sean voluntarias y para mutuo beneficio. Es decir, hay un grado máximo de Libertad (si se pudiera medirla políticamente) para que cada persona desarrolle su proyecto de vida, sin actos de fuerza estatales que estropeen sus ambiciones o decisiones coactivamente impuestas que maniaten su espíritu de prosperidad. Hay que sustituir la institución “gobierno” por una que no tenga connotaciones estatistas y no implique ejercer un indebido poder sobre la vida de un hombre: será mejor hablar de “administración”. Esta institución, despojada del carácter tiránico de los gobiernos, puede constituirse o no según quieran los interesados y quienes sean involucrados en sus determinaciones. Así, se opera un giro de 180 grados en la organización política: pasar de la sumisión en un marco “público estatal” a la aceptación en un marco privado; del dominio y la imposición a la voluntad y el consentimiento.
Conclusión
El contexto idóneo para la Libertad es la anarquía liberal donde las sociedades son plenamente consentidas y hay adhesión voluntaria a instituciones privadas. La Libertad conlleva ausencia de coerción para que el individuo pueda elegir y desenvolverse. Si queremos ser libres, luchemos contra los que quieren presencia de coerción: Estado, gobierno y políticos estatistas; el eje que prolifera el poder de dominación. Luchemos contra los enemigos de la Libertad.
[1] Sun Tzu; El arte de la guerra
[2] Síntoma cultural
y símbolo de cómo se han dado vuelta los conceptos es que al comienzo de los
discursos, cuando el disertante nombra a quienes se dirige, primero menciona a
los políticos como si estos fueran los más importantes y merecieran un
reconocimiento prioritario por su posición de autoridad; y luego se dirige en
general al "público presente", deja para después la mención de los
supuestos mandantes de los políticos, es decir el resto del “pueblo soberano”
que le otorga el mandato a los funcionarios. Esto sin tener en cuenta que en
los eventos destacados, los mejores asientos en primera fila suelen estar
reservados casi con exclusividad para los políticos.
[3] Citado
en Lord Acton, por José Carlos
Rodríguez. Puede leerse en el siguiente link: http://www.ilustracionliberal.com/34/lord-acton-jose-carlos-rodriguez.html
[4] La
palabra “clase” no tiene aquí un significado marxista ni pretensiones de
distinción metafísica de un colectivo determinado; solamente apunta a referirse
a un grupo de personas, en este caso los políticos.
[5] Por
supuesto, debería considerarse a los políticos como parte de la población
porque de hecho lo son; sin embargo no es impreciso hacer una distinción cuando
estos están ocupando cargos oficiales, ya que el sistema estatal los dota con
privilegios que les son negados a quienes no pertenecen a la burocracia.
[6] Murray N. Rothbard explica
la corrección que tiene la
teoría libertaria en estas cuestiones, porque aplica una ética universal que no
hace excepciones a la “regla de oro”. En este sentido, escribe: “Los
libertarios (…) no aplican ninguna vara de medir distinta al gobierno. (…) Nosotros
creemos que el robo es un robo y que no queda legitimado porque una
organización de ladrones decida llamarlo “impuestos”. Ver: Seis mitos sobre el libertarismo, por Murray N. Rothbard.
http://www.miseshispano.org/2012/07/seis-mitos-sobre-el-libertarismo-2/
http://www.miseshispano.org/2012/07/seis-mitos-sobre-el-libertarismo-2/
[7] Incluso
en ciertos ámbitos, como en el Derecho de Sociedades, puede llegar a
articularse un sistema cerrado de “numerus
clausus” donde las únicas figuras societarias posibles de constituir son
las enumeradas taxativamente en la ley respectiva.
[8] Al
utilizar los términos “secuestro” y “bloqueo” no me refiero específicamente a
su significación jurídica utilizada en leyes que, de paso, son dictadas por los
Estados. Este uso puede no encajar con los conceptos del derecho por motivos
obvios: los Estados no le darán el alcance al que aludo para preservarse a sí
mismos y limpiarse el nombre. Por lo que, conviene aclarar, el empleo de las palabras
realizado aquí es según parámetros de análisis ético y político.
[9] ¿Por qué debe uno actuar por principio?
– Leonard Peikoff
http://objetivismo.org/por-que-debe-uno-actuar-por-principio/
http://objetivismo.org/por-que-debe-uno-actuar-por-principio/
[10] La cita
puede leerse en: http://www.liberalismo.org/citas/J/
